El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados, según se expresa en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobada en septiembre de 1993, con Pedro Solbes, como ministro de Economía en aquel entonces. En las bodas de plata de la Ley, otro Pedro, Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, invalida lo estipulado en aquel entonces.
En su artículo 8, la Ley del impuesto dice que “estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:
a) En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere.
b) En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos y las certificaciones a que se refiere el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la persona que los promueva, y en los reconocimientos de dominio hechos a favor de persona determinada, ésta última.
c) En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice este acto.
d) En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario.
e) En la constitución de fianzas, el acreedor afianzado.
f) En la constitución de arrendamientos, el arrendatario.
g) En la constitución de pensiones, el pensionista.
h) En la concesión administrativa, el concesionario; en los actos y contratos administrativos equiparados a la concesión, el beneficiario.
Pero empecemos por relatar “el diario de un náufrago” del impuesto, la secuencia de los hechos que han provocado este cambio:
Asistimos el pasado mes, no sin asombro por parte de la ciudadanía -que se dio prisa por lanzar cohetes y vítores ante el resultado-, a la resolución de tres sentencias que dieron la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, que reclamaba que el coste del impuesto no fuera asumido por el cliente, argumentando que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, conocido como el impuesto de las hipotecas, debía asumirlo la banca. Algo que anulaba el reglamento 68.2, encargado de regular el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Y ahí estalló la tormenta… se creó una enorme alarma social e inseguridad jurídica ante lo que se le venía encima a la banca, la Bolsa registró bajadas en caída libre. En bares, supermercados, corrillos, oficinas de bancos, gimnasios… no se hablaba de otra cosa.
Cual cuento de la lechera, los ciudadanos echaban cuentas de lo que tenían derecho a reclamar (con sus intereses de demora) y la banca realizaba estimaciones de importes astronómicos en caso de que la resolución tuviera efectos retroactivos.
Tras esto, el Supremo convocó un pleno este 5 de noviembre para aclarar las sentencias de Rivas Vaciamadrid, apelando al «mandato constitucional de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley».
Este martes, 6 de noviembre, una vez terminadas las reflexiones de los magistrados, el Tribunal Supremo falla a favor de la banca con una diferencia de un voto, dejando claro que este impuesto debe ser pagado por los clientes, y no por autonomías o bancos.
El miércoles, 7 de noviembre, El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia “a bombo y platillo” que los españoles «nunca más pagarán el impuesto de las hipotecas” saltándose a la torera la polémica resolución del Tribunal Supremo.
El jueves, 8 de noviembre, se redacta el Real Decreto y el viernes el Gobierno aprueba el decreto que obliga a los bancos a pagar el impuesto hipotecario.
Así, desde este sábado, el obligado a sufragar este importe es la banca.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el objetivo del decreto es asegurar que los ciudadanos «no tengan que pagar más» este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca. «Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos…”.
Hoy el pópulo está feliz y contento porque serán los bancos los que tendrán que asumir este coste y el cliente de a pie queda liberado de esta carga.
El Gobierno también estará feliz y contento. Debe estarlo y por varias razones:
1. De cara a las próximas elecciones (inminentes en Andalucía) han resuelto de forma rápida y eficaz la voluntad del ciudadano, que esperarán rentabilizar políticamente.
2. Verá incrementados sus ingresos en concepto del este impuesto y por varias vías:
a) El impuesto contempla bonificaciones fiscales a los sujetos pasivos personas físicas (menores de 35 años con importe de hipoteca menor de 130.000€) y que ya no se tendrá que aplicar. Los bancos no tienen bonificaciones.
b) El impuesto era un mayor coste de compra para el cliente que, lógicamente, minoraba la plusvalía obtenida cuando se produce la transmisión del inmueble. Ya no la asume el cliente, ya no se suma como gasto.
c) Las empresas también gozaban de desgravación por este concepto. La banca no, por lo que las empresas tributan más y los bancos trasladarán ese importe más el 30% de tributación que no pueden desgravar. Siguen sumando…
Pero lo importante, señores, es que así todos están contentos.
La banca trasladará al coste del producto de la hipoteca este importe (el precio de la hipoteca es el precio del dinero que se presta incluyendo los gastos en que se incurren para prestarlo…).
El cliente no hace desembolso de este importe a la hora de comprar su vivienda (lo hará en n años a n tipo de interés y pagará n veces más, pero sarna con gusto no pica, dice el refrán…).
El Gobierno recaudará más (comentado en párrafos anteriores).
Y como las prisas no son buenas, dicen nuestros mayores, se les ha olvidado un detalle que agravia comparativamente a bancos con otras entidades del sistema financiero que también prestan para la financiación de la vivienda: Las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito, que desde 1990 están exentas de pagar el impuesto. Es decir, que nuevamente la polémica está servida, aunque la ministra diga “el Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos” y que este tema ha quedado aclarado y resuelto…
Permítanme parafrasear a un expresidente del Consejo de ministros y disculpen el lenguaje soez… “Manda güevos…”
