La realidad en la que se efectuó en 2012 la última reforma laboral era muy diferente a la que existe ahora en nuestro país. Recordemos que eN aquel año la tasa de paro se situó en el 24% y que dos años más tarde alcanzó el 27% contabilizando 6,2 millones de desempleados, que el PIB del cuarto trimestre de ese año profundizó su caída hasta el -3,5%, que el déficit del Estado escaló hasta el 9,3% del PIB, y que la hucha de las pensiones, utilizada y esquilmada en los últimos años, salvó la “bankrupcy” del sistema ante el déficit manifiesto de la recaudación. Las medidas implementadas por el reciente Gobierno destituido, entre las que se incluyó aquella reforma laboral, han permitido reconvertir aquel deprimente escenario económico como demuestran los últimos registros de las principales variables económicas. Así la economía, según los últimos datos publicados, avanza por cuarto año consecutivo por la senda del 3% , el paro se ha reducido hasta el 16,7 % encadenando 52 meses consecutivos de descensos, el déficit público se situó al final de 2017 en el 3.1% del PIB, y el sistema público de pensiones sumó 237.207 contribuyentes en el último mes elevando el conjunto hasta casi 19 millones de cotizantes.
Parece evidente que la reforma laboral, junto a otras medidas, facilitó la recuperación económica y más concretamente la evolución del desempleo en nuestro país, aunque debamos reconocer que este nivel sigue siendo uno de los más elevados de la UE. Es verdad que aquella reforma laboral favoreció una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, redujo la indemnización por despido desde los 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades hasta los 20 días por año y un techo de 12 mensualidades, con un máximo, en caso de discrepancia, de 33 días y un tope de 24 meses, y favoreció la temporalidad que, al día de hoy, se sitúa en el 26%.
Uno de los temas más prioritarios, definido por el nuevo Gobierno en su programa de gestión, incluye modificar la actual norma laboral. No parece aconsejable abordar una reforma en profundidad porque, de acuerdo con el criterio, incluso, de expertos, sindicatos y empresarios, hay elementos que deberían preservarse, sin embargo, sí coinciden en dos apartados que pueden ser manifiestamente mejorables. Me refiero, en primer lugar, a la contratación, donde sería prioritario atenuar la dualidad entre contratación temporal e indefinida y, por otro lado, avanzar en la simplificación de las distintas modalidades de contratación potenciando el contrato a tiempo parcial. Y, en segundo término, a la negociación colectiva ya que es necesario avanzar hacia un sistema más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades por el nuevo marco de relaciones laborales.
En definitiva, en mi criterio, cabe abordar mejoras que faciliten la concertación y el diálogo siempre que contribuyan a estimular la actividad económica y refuercen la competitividad de las empresas y se traduzca en una intensa creación de empleo.
