Las veleidades de la política han determinado un súbito cambio en la gobernabilidad de nuestro país, cuando se vislumbraba que el tramo final de la legislatura discurriría sin más alteraciones que las dimanantes de la dinámica más o menos compleja de la situación política-económica global y de nuestro país. La recuperación económica, la aprobación de los Presupuestos y la finalización de la aplicación del Artículo 155 en Cataluña, proyectaban suficiente claridad para augurar la continuidad de la bonanza que parecía instalada, al menos, hasta el fin de la legislatura.
Resulta innegable el avance económico experimentado por nuestro país en los últimos seis años. A tal efecto resulta necesario recordar la evolución de las variables económicas más relevantes durante ese período. Así el PIB registraba un decrecimiento del -1 % cuando el último publicado, relativo al primer trimestre actual, creció a un ritmo anual del 3.1%. La tasa de paro se situaba en el 22.3%, viéndose reducido, según los últimos datos publicados relativos al mes de mayo, al 15.50%, lo que supone la creación de 1.8 empleos desde la cota más alta registrada en 2013. La desconfianza de los mercados se hacía notar en el nivel alcanzado por la prima de riesgo que llegó a marcar hasta los 650 puntos básicos, nivel que el 1 de junio se situaba en 100 puntos básicos. De igual forma positiva ha evolucionado el Déficit Público al pasar del -9.6 al -3.1. No podemos dejar de resaltar la tremenda aportación que ha experimentado nuestra balanza comercial en este período, que ha supuesto un fuerte baluarte de la actividad económica, todo ello ayudado, reconozcámoslo, por la contención salarial y, por otro lado, por la reducción del endeudamiento de empresas y familias de medio billón de euros desde 2011.
Muchos son los retos que debe encarar el nuevo gobierno, cuyo principal objetivo es mantener la confianza y estabilidad de los mercados a fin de disipar cualquier duda sobre un cambio radical en las políticas económicas que han puesto en la senda de la recuperación a nuestro país, todo ello teniendo en cuenta, por otro lado, el escaso respaldo político propio del que dispone. Me refiero concretamente, entre otros, a la reversión de la reforma laboral acometida por el último gobierno en 2012, a la reforma de las pensiones después de las últimas medidas implementadas en 2013, ya que el acuerdo presupuestario neutraliza cualquier modificación profunda, el cumplimiento del déficit pactado con Bruselas, y a la aplicación de políticas sociales que conlleven un gasto adicional al presupuestado como puede ser el “Mínimo Vital”, que supondría un desembolso estimado de 6.500 millones de euros, que sólo podrían compensarse con una reforma fiscal que incluiría la subida de impuestos directos como el IRPF.
Otras cuestiones esperan también su turno en la serie de retos a abordar, tales como el tratamiento del conflicto catalán, la reforma de la financiación autonómica y local, un nuevo impuesto a la banca, la asunción del rescate de las autopistas, el plan energético, el programa de infraestructuras, la privatización de Bankia…
Para finalizar, en mi opinión, el nuevo Gobierno debe transmitir un mensaje de estabilidad a mercados e inversores, huyendo de tentaciones populistas que pondrían en peligro la confianza conseguida, anteponiendo este objetivo a cualquier rentabilidad electoralista.
