Aún mantenemos en nuestra retina y en nuestro corazón el vil asesinato de Gabriel
Cruz hace unos días. Ya hace 9 años del cruel asesinato de Marta del Castillo, Mari
Luz Cortés, la niña de Asunta Basterra, los hermanos Ruth, José Bretón, Sandra
Palop, etc. Lamentablemente a ninguno de estos asesinos se les pudo aplicar la
prisión permanente revisable aprobada únicamente por el Partido Popular mediante
la Ley 1/2015, de 30 de marzo, porque en el momento en el que fueron juzgados, no
estaba vigente. Está prevista para los autores de crímenes que causan una especial
repulsa social o delitos de excepcional gravedad como asesinos en serie, integrantes
de bandas terroristas, los autores de la muerte de menores o personas
discapacitadas, los agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima o los
responsables del homicidio del Rey o del Príncipe o Princesa de Asturias.
En España, hasta el momento, desde su aprobación, la prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez. Fue el 14 de julio de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a David Oubel, que reconoció haber degollado a sus dos hijas, de 4 y 9 años, en julio de 2015. Les hizo ingerir fármacos antes de asesinarlas con un cuchillo y una sierra eléctrica. En otros casos el fiscal o la acusación particular han pedido la aplicación de esta pena, según consta en la base de datos de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, pero sin éxito: eran supuestos de delitos graves pero en los que había alguna anomalía psíquica que actuó como atenuante o el juez decidió que el condenado no era responsable de sus actos y decidió internarlo en un psiquiátrico penitenciario. Esperemos que pueda aplicarse en el caso del asesinato y violación de Diana Quer y de Gabriel Cruz, antes de que sea derogada por los insolidarios nacionalistas, que no deberían estar en la Cámara y la izquierda radical de siempre incluido el PSOE, los chorizos de Convergencia i Unió, PNV, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto, incluidos los filoterroristas de Bildu.
La prisión permanente revisable se ha configurado como la máxima pena privativa
para, entre otros, delitos de extrema gravedad, para asesinatos especialmente
lacerantes, genocidios, terrorismo, crímenes dolosos acumulados a agresiones
sexuales, con el agravante de que la víctima sea menor de 16 años o para casos de
pronóstico desfavorable de reinserción. La situación del preso se puede revisar a
partir de los 25 años del cumplimiento de la condena, pudiendo reinsertarse en la
sociedad si cumple las exigencias de su rehabilitación. Países europeos como
Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Austria o Suiza disponen
de una pena similar a la que ahora quieren derogar en nuestro país. Dicha pena está
avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS en 2015, el 67% de los españoles
apoyaba la prisión permanente revisable. La encuesta realizada por GAD3 para el
diario ABC, publicada el 17 de enero de 2018, no deja lugar a dudas. Indica que 8 de
cada 10 españoles, entre los que me incluyo, son partidarios de la prisión permanente
revisable para los crímenes excepcionalmente graves. En mi opinión, los datos de la
encuesta reflejan que el sentir general de la población es que el cumplimiento de una
pena no implica la efectiva reinserción o reeducación del delincuente. Por eso, los
ciudadanos respaldan la prisión permanente revisable para los delitos horrendos,
poniéndose a favor de reconocer los derechos de las víctimas por encima de los
derechos de los delincuentes, que ya tienen sus garantías constitucionales, que sin
duda hay que respetar, pero tampoco se puede olvidar que hay que ser justos con el
daño causado a las víctimas, y dar seguridad a la sociedad, evitando reincidencias.
Se ha de rehabilitar al delincuente, reparar el daño causado y prevenir para evitar
nuevas actuaciones delictivas.
Por ello muchos apoyamos que se mantenga la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico, como la tienen en sus ordenamientos tantas democracias europeas. La plataforma online change.org lleva recogidas ya más de tres millones de firmas, entre ellas la mía, en contra de la derogación de esta ley. Habrá que salir a la calle a demostrar nuestra firmeza, ante la desilusión que hoy nos ha generado el PSOE con su apoyo a la derogación.
