El debate en torno a las pensiones no sólo no amaina sino que se extiende hasta conseguir ser el centro de atención de informaciones, tertulias, artículos y comentarios tanto en medios informativos como en reuniones particulares. Incluso ya se están produciendo las primeras manifestaciones en las calles de pensionistas que, con justificación más o menos evidente, reclaman un mejor tratamiento en las revisiones anuales de incremento, si bien, en mi criterio, es más prioritario anteponer la sostenibilidad del sistema a las reclamaciones coyunturales, por muy justas que resulten.
Con independencia de que el gobierno asuma, como no puede ser de otra forma, la obligación de dar una respuesta adecuada a estas reivindicaciones que, en mi opinión debe venir a través de los acuerdos que se fragüen en el Pacto de Toledo, desde diversas esferas, tanto públicas como privadas, se nos invita constantemente a replantear nuestras estrategias de gasto para destinar parte de los ingresos bien a suscribir un plan de pensiones privado o ahorrar en otras formas al efecto.
Es verdad que el ahorro aumenta la independencia personal proporcionándonos mayor seguridad financiera y perspectiva económica de futuro, sin embargo esa invitación debe resultar compatible con el marco salarial, económico y fiscal en el que nos desenvolvemos. En este aspecto el marco analítico actual nos proporciona datos suficientes para ponderar las posibilidades de ahorro del conjunto de los ciudadanos. Así, según esas informaciones, el 44% de los españoles no tienen capacidad de ahorro; seis de cada 10 no se han planteado iniciar un plan de ahorro y sólo el 28% de ciudadanos con edades comprendidas entre 18 y 65 años tienen actualmente un plan de pensiones.
Por otra parte nuestra arraigada convicción nos impulsa a que el primer destino de nuestras posibilidades de ahorro sean la compra de una vivienda, aspecto que, en un tanto por ciento muy elevado, absorbe hasta más del 40% del salario neto mensual o de los ingresos de la unidad familiar y, de otro lado, el hábito de ahorro está más arraigado en los mayores y jubilados ya que sus necesidades inmobiliarias y familiares son menos perentorias que en los más jóvenes
De otro lado, las causas de este problema afectan a la mayor parte de los sistemas de pensiones de los países desarrollados del mundo y está provocado por la dilatación de la longevidad y la reducción de la natalidad y esta ecuación exige soluciones que cada estado deberá encarar ateniéndose a sus propias peculiaridades y posibilidades, arbitrando las medidas necesarias para preservar la sostenibilidad del sistema. En el caso español este problema debe ser tratado como un problema de Estado que concierne a todas las formaciones políticas, por lo que debe relegarse el oportunismo político y el populismo, como se ha evidenciado en las recientes manifestaciones de pensionistas, ya que la coyuntura exige la confluencia de todos los partidos en las soluciones y programas para solventarlo.
Foto: Diario El País.
