Estamos asistiendo a un desafío institucional intolerable por parte de unos gobernantes golpistas que están dispuestos a todo. Pretenden sin duda dar espectáculos violentos de trascendencia internacional como los vividos en la primavera árabe para que den la vuelta al mundo y, así, justificar la “opresión” que sufren por parte de España quien, además de robarles, les reprime sus sentimientos nacionalistas.
La democracia tiene instrumentos muy fuertes para detener esta chulería de estos independentistas catalanes que airean desafiantes el temerario intento de quebrar la legalidad constitucional de un Estado democrático. A la estrategia diseñada hasta ahora por el gobierno de la nación de asfixia judicial y económica se une la respuesta que las empresas catalanas están dando a esta deriva política con la amenaza de la declaración unilateral de independencia, que rompe abiertamente el pacto constitucional y el modo con el que los españoles nos hemos gobernado desde diciembre del año 1978, fecha de la aprobación de la actual Constitución, que por cierto fue votada masivamente por los ciudadanos catalanes con un índice de aceptación superior al resto de España.
El actual panorama va a poner en marcha sin duda la aplicación del artículo 155, seguramente mañana, jueves, a la vista de la ambigua y chulesca respuesta que se espera una vez más del presidente catalán. Ello implicaría la suspensión de buena parte de las competencias del Gobierno catalán y abre aún más la confrontación existente, con un desarrollo completamente imprevisible, aunque dadas las posiciones actuales, y lo que estamos viendo, nada favorable para la vida social y económica.
Los gobernantes secesionistas creo que han subestimado la fuerza del sector empresarial catalán y la fuga masiva de empresas ha abierto una brecha importante en el independentismo, una vez vistas las consecuencias de la amplísima desafección que los sectores empresariales han mostrado hacia los planes del gobierno catalán. El desafío está ya teniendo unas implicaciones muy negativas para el conjunto de la economía española y, de forma muy particular y con mayor intensidad, en el caso de Cataluña, una de las Autonomías más prósperas del Estado español.
La gestión de la aplicación del artículo 155 constituye un auténtico desafío para las partes, pero es necesario que el Gobierno español se aplique en minimizar los daños económicos para el conjunto de la economía española, aunque Cataluña va a soportar el mayor coste del movimiento secesionista, tal y como han sucedido las cosas hasta la fecha, como se ha visto en la marejada de empresas que han abandonado esta región en busca de territorios menos hostiles. Pero lo que está por llegar puede acarrear costes todavía muy superiores. El Colegio de Registradores (prueba indubitada) ha certificado la salida de más de 700 empresas de la esfera catalana, en los últimos días la salida diaria ha sido de unas 150 empresas, prueba de que la clase empresarial no es partidaria del secesionismo.
Y ojo que muchas de ellas ya son pequeñas y medianas empresas (pymes) que siguen así la senda iniciada por las grandes compañías, Caixa, Sabadell, Gas Natural… Y al éxodo masivo de empresas se une lo manifestado por el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, que ha afirmado que se ha producido un importante retroceso en la compraventa de inmuebles, congelándose prácticamente la misma, así como la firma de hipotecas, ya que la situación de inseguridad e incertidumbre está afectando gravemente a la economía productiva de Cataluña. Nadie quiere arriesgar en estos momentos, ni hipotecar su futuro a algo muy incierto e inseguro jurídicamente.
Mucho me temo que nos quedan muchos episodios a los que asistir, porque la solución, yo personalmente hoy por hoy no la veo, sobre todo por parte de quien no asume la legalidad y su único objetivo son las algaradas callejeras y tumultuarias.
