La UE ha introducido una Directiva sobre mercados e instrumentos financieros cuyo principal objetivo es la creación de un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en sus 28 estados miembros. Se trata, por otro lado, de dar respuesta a los cambios e innovación tecnológica en relación a la seguridad de los mercados financieros, para proteger a los inversores y fomentar la equidad y transparencia de los mismos.
Esta directiva destaca de forma especial el grado de conocimientos y competencias que los profesionales de los mercados financieros: bancarios, intermediarios, analistas, consultores, gestores, etc. de cada uno de los 28 miembros de la UE, deberán ostentar para desarrollar su cometido profesional, sobre todo en su labor de información y asesoramiento en materia de inversión que deberá atenerse a unos estándares mínimos de dominio de los mercados y de los productos financieros , certificación y comportamientos ético.
La directiva apunta con especial determinación directamente hacia los profesionales bancarios ya que 194.283 en nuestro país tendrán que superar un examen para probar que dominan con toda amplitud y claridad las características de cada uno de los productos financieros que venden en sus sucursales, ya que, en realidad, lo que se pretende, además de los objetivos anteriormente señalados, es poner freno a los abusos que las entidades financieras han generado en la colocación y venta de ciertos productos que por su complejidad no debieron comercializarse en el mercado masivo. Basta recordar en este aspecto los numerosos y lamentables episodios que han deparado casos tan fragantes como la emisión de las Participaciones Preferentes, Bonos Convertibles, Venta de Acciones por salidas a bolsa, u operaciones específicas como Swaps, u otras, cuyas deplorables consecuencias todavía perviven en el lamento de muchos inversores que han visto cómo sus ahorros han sufrido importantes menoscabos.
Es verdad que el nivel formativo de los profesionales bancarios ha experimentado una importante mejora en los últimos años sobre todo si tenemos en cuenta que los procesos de selección de nuevos empleados ha exigido unos perfiles específicos que incluyen, en la mayoría de los casos, una formación universitaria, aunque, en mi opinión no específica, de la que, según datos del sector, disponen el 75%, sin embargo sólo el 49% se encuentra acreditado por algún certificador externo como EFPA o CISI y de ellos sólo el 7.1 % cuenta con una validación.
En primera instancia, debemos celebrar esta iniciativa de la UE cuyo principal objetivo, como hemos señalado, es la defensa del inversor y el fomento de la equidad y transparencia de los mercados y la adecuación de la venta de productos bancarios a los perfiles de conocimientos y compresión de los clientes pero, en mi criterio, estos controles pueden perder toda su eficacia si las entidades financieras no moderan la presión que ejercen sobre sus redes comerciales para exigir la venta, como hasta ahora, de productos contraindicados a ciertos perfiles de sus clientelas.
¿Ejercerá también, por tanto, la UE un estricto control a las entidades financieras sobre este aspecto?.
