Por ANTONIO DE LA TORRE OLID / Si a quien escribe le resulta embarazoso y le causa rubor este nuevo capítulo; es imaginable el sentimiento que embarga a los abusados por clérigos en España durante años y años -también en presuntos casos en centros educativos de la provincia de Jaén, como en todas-, en otro episodio de revictimización de quienes sufrieron esa pederastia -aquello de encima apaleado-.
Ocurre que, después de evidenciarse esos abusos, de nuevo conocemos que la Conferencia Episcopal va a otorgar indemnizaciones, pero lo pretende hacer de forma unilateral, acorde con un plan que aprobará en la reunión que van a celebrar esta semana. Esa política de hechos consumados supone pues obviar la apelación reiterada del Gobierno, para articular estas conclusiones a través de un abordaje conjunto Estado-Iglesia-asociaciones de víctimas, que otorgue a su vez a una comisión independiente este encargo.
En el fondo de estas tensiones se encuentra la dificultad para acotar el número de personas perjudicadas, dada la divergencia existente entre el informe emanado hace unos meses por el Defensor del Pueblo que le fuera encargado por el Congreso de los Diputados (en el que se criticó que en su metodología se acompañara una encuesta); de otro lado las cifras reconocidas por la Iglesia en su propio informe encargado al despacho Cremades; e incluso de otro, la base de datos fruto de una larga investigación del diario El País.
¡Pero por Dios!, nunca mejor dicho, con independencia de que hay que profundizar en la determinación exacta de aquellos niños y de las cargas probatorias, se ha puesto de manifiesto que se trataron de prácticas extendidas como un hecho social durante décadas. Entonces, cómo es posible de nuevo exhibir esa falta de empatía con las víctimas, como si lo que concierne al Reino donde se han producido estos abusos no perteneciese a este mundo; o hubiese que resolver en el ámbito de Dios lo que es Dios (es decir intramuros de la Iglesia) y no en el del César (el del común de los ciudadanos, traducción al ámbito civil de nuestros días). Qué fácil es escribir en estos términos al tratar este asunto, pero no es demagogia, es así.
Si hubo un acuerdo al determinar que, a pesar de la prescripción penal, la Iglesia estaba conforme con la necesidad de resarcir; pero de nuevo, aunque otra forma de actuar solo fuera por una estrategia de imagen, no por convicción, la Iglesia española pierde oportunidades para seguir pidiendo perdón, expiar sus culpas y posibles encubrimientos cómplices.
Por cierto que en ocasiones, el lenguaje no verbal y la actitud ayudan a crearse una imagen, aún a riesgo de ser errónea. Y en ese sentido, fue buena la impresión que ofreció el jiennense José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, cuando acudió a la puerta de la Conferencia Episcopal, recién elegido vicepresidente de la misma, para encontrarse con un grupo de abusados y mostrarles cercanía (actitud, también a riesgo de ser una valoración injusta, que no se percibe por igual en otros de sus compañeros).
El error al entender que la Iglesia puede inhibirse o acometer esta reparación a su antojo es similar al punto de partida de los que defiende que los jueces deben elegir a los jueces. Los jueces son independientes en su juzgado, en sus sentencias, como se suele decir de la ejecutoria de cada obispo en su diócesis. Pero el artículo 117 de la Constitución indica que la justicia emana del pueblo, es decir, que los representantes no de sus jurisdicciones, sino del gobierno de los jueces, no se pueden sustraer -como ningún poder del Estado- a su elección por los representantes de la soberanía popular, es decir, las Cortes. Elección por cierto que, desde su primera regulación y a día de hoy, parte de las propuestas de los propios jueces y con una mayoría reforzada, y ello incluso va a ser perfeccionada.
Y por igual, no tratándose de asuntos espirituales y en lo que nos ocupa, los clérigos no pueden estar al margen de las leyes del pueblo, en particular en el ámbito punitivo.
La Iglesia ha desempeñado una importante contribución a la sociedad española en materia educativa, asistencial, etc. aunque con luces y sombras como se ve. Por eso, también la Constitución (artículo 16) reconoce el hecho diferencial de la impronta de la Iglesia Católica y establece relaciones de cooperación con ella. Para ello se renovaron concordatos, se permite una aportación de un porcentaje del IRPF a sus fines o se le facilitó inmatricular numerosos bienes inmuebles (que procuran nada menos que la exención del IBI o son templos en algunos casos histórico-artísticos cuya restauración cofinancia el Estado).
Igual de laicos que lo acuerdos enunciados deberían ser los relativos a la demostración de una voluntad sincera y sin peros de reparación de los abusados. Todo ello por cierto también para evitar que aumente la desafección o que el cristiano de base se vea abocado a coger la puerta. Mejor antes escuchar un arranque de espontaneidad de ese cristiano de a pie, que clamara ante esa jerarquía que ya está bien de tanta tontería. Entre otras cosas por cierto, porque la reparación económica no repara el daño emocional, que es para siempre.
Imagen: Una de las concentraciones de afectados por la pederastia. (Foto Religión Digital).
