El Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha acordado hoy adoptar por unanimidad una posición común ante la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se acometerá a partir del año 2020, un asunto que empieza a negociarse y en el que, como ha recordado el presidente de la Diputación de Jaén y de este consejo, Francisco Reyes, la provincia jiennense “se juega mucho porque el olivar y el aceite de oliva siguen siendo fundamentales desde el punto de vista del empleo y de la economía, y cualquier decisión que se tome en torno a este sector tiene una especial incidencia en nuestra tierra”, como se ha puesto de manifiesto con la última reforma de la PAC, que “supuso una pérdida superior a 272 millones de euros para la provincia de Jaén”.
Por ello, según Reyes, el objetivo de esta reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, que ha girado monográficamente sobre la próxima reforma de la PAC, era “fijar una posición común” que se ha basado en “el trabajo realizado durante las últimas semanas por una comisión que ha presidido el responsable en Jaén de la Unión de Pequeños Agricultores”. En este encuentro, en el que también ha participado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Ortiz, se ha reflexionado sobre este documento al que, como ha explicado Francisco Reyes, “vamos a darle la máxima difusión porque ante la apertura de esta ventanilla para escuchar propuestas de cualquier ciudadano de Europa que ha hecho el comisario europeo de Agricultura, queremos que haya muchas propuestas desde Jaén en torno a las líneas que el propio Consejo va a estudiar”.
Entre las propuestas que recoge este documento, el presidente de la Diputación ha puesto el foco en que “como base no puede haber un desplazamiento de ayudas de unos territorios a otros ni de unos cultivos a otros”. Además de esta cuestión, en la propuesta aprobada en el seno del Consejo Provincial del Aceite de Oliva también se incide en la necesidad de una PAC fuerte, bien dotada económicamente, con presupuesto suficiente y garantizado, que consolide la partida presupuestaría correspondiente a Andalucía sin que haya trasvase de fondos entre las distintas provincias y con la recuperación del montante de ayudas perdidas en la anterior reforma.
Igualmente, y entre otras propuestas, se ha planteado el establecimiento de medidas de mercado que permitan estabilizar los precios del aceite y evitar su volatilidad tanto en origen como para el consumidor; que se reconozca como “gran sumidero” de CO2 de la atmósfera para que a este cultivo se le siga concediendo el pago verde o “greening”; que el olivar de alta pendiente y de montaña tenga acceso prioritario a las ayudas acopladas que se fijen en el reglamento de la UE; que se apruebe un nivel de ayudas importante para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria a través de los programas de desarrollo rural; que existan mecanismos en forma de ayudas para reconvertir o modernizar las plantaciones que así lo requieran o deseen con el fin de hacerlas siempre competitivas en el mercado global; que se modernice y simplifique la PAC; que se establezcan programas y medidas que favorezcan las explotaciones de pequeño tamaño, con el fin de evitar el despoblamiento del medio rural; y que se valore el olivar como gran generador de empleo y se reconozca que las ayudas europeas han contribuido a la actividad económica del medio rural más allá del sector primario.
Para defender este posicionamiento, Francisco Reyes ha mostrado su confianza en la labor que está desarrollando la consejera de Agricultura, que “esta misma semana ha tenido la oportunidad de participar en Madrid en una conferencia, en la que también ha estado el propio comisario de la UE, y donde ha fijado la posición de Andalucía ante la próxima reforma de la Política Agraria Común”.
Foto: Reunión celebrada hoy en la Diputación del Consejo del Aceite de Oliva.
