Por IGNACIO VILLAR MOLINA / La misión más inminente y difícil para los inversores, especialmente en coyunturas convulsas como la que estamos atravesando, es encontrar un refugio para sus capitales que conjugue una adecuada rentabilidad con el menor riesgo posible. En el escenario actual, cuando los mercados están azotados por la máxima versión de la incertidumbre y la volatilidad, conseguir esa meta resulta una tarea casi inalcanzable, por lo que la compra de deuda emitida por los países puede ser una alternativa válida para defender los ahorros, especialmente cuando la tendencia de los tipos de interés es alcista, porque los bancos centrales deberán seguir esa senda para tratar de atajar una desbocada inflación. Sin embargo no es simétrico el rendimiento ofrecido por los diferentes estados por las emisiones de su deuda, lo que supone un factor determinante en la decisión final de los inversores, en cuyo caso es lógico que estos exijan una compensación complementaria, en forma de mayor rentabilidad, a aquellos países cuya situación económica, financiera y fiscal sea más débil y vulnerable.
En buena lógica, si reconocemos a Alemania como el país más fiable de la zona euro, en función de la estabilidad de su economía, la demanda de su deuda será mayor que las de otros países cuya situación sea más débil, lo que, en última instancia, confiere a este país el privilegio de aplicar tipos de interés inferiores a sus emisiones de deuda respecto a otros países que deberán emitirla con un sobrecosto para atenuar la desconfianza de los inversores. Así el tipo de interés que paga el bono alemán a 10 años se ha aceptado como la referencia adecuada para medir los rendimientos exigibles al resto de las emisiones de iguales características de otros países, y la diferencia entre sus rentabilidades es la PRIMA DE RIESGO, o riesgo país, que debe soportar cada país en relación con el bono alemán.
En este contexto los diferenciales más altos que los mercados están demandando se centran concretamente en los países del sur, es decir, Italia, Grecia, Portugal y España. Las actuales circunstancias han obligado a los bancos centrales a cambiar su política monetaria y ese cambio de orientación, que incluye un incremento de los tipos de interés, ha tenido una especial incidencia en el incremento de los tipos de las emisiones de deuda, especialmente de los países anteriormente citados, lo que podría generar graves distorsiones en sus balances y sembrar más dudas en los inversores, situación de la que ya existen precedentes, cuando en 2012 la prima de riesgo de España se sitúo en los 600 puntos básicos, lo que exigió prácticamente la intervención de nuestra economía.
Por otro lado, los problemas derivados de un progresivo agravamiento contribuyen a incrementar el grado de fragmentación de los principales mercados financieros europeos, la ruptura de la transmisión monetaria, y el deterioro de las principales variables macro en la eurozona.
Ante este escenario, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se ha apresurado a anunciar medidas extraordinarias, todavía no concretadas, para devolver la tranquilidad a los mercados, aunque, según algunas fuentes, todo parece indicar que, a pesar de haber anunciado que suspendía en general la compra de deuda, podría recomprar la relativa a aquellos países en dificultades cuando se produzcan los vencimientos de los títulos en su cartera adquiridos en marzo de 2020 en base al programa PEPP (compras de emergencia frente a la pandemia), que ascienden a 1.7 billones de euros.
Por muy difícil que resulte, está claro que aplacar una inflación galopante, como la que nos afecta, para tratar de reconducir los niveles inflacionarios hasta el entorno del 2%, como es su objetivo prioritario, y evitar el riesgo de una fragmentación financiera de la zona euro, se ha convertido en el reto especial del BCE.
En todo caso, su objetivo no es otro que atajar las negativas consecuencias que se derivarían para cualquier país en caso de entrar en situaciones de dificultad para financiarse o dejar de atender el calendario de pagos de su deuda, además de evitar otros efectos negativos como generar más desconfianza e inseguridad, reducir la credibilidad en la economía de un país, ahuyentar las inversiones de las empresas, aumentar la volatilidad y la tendencia bajista ya instalada en las bolsas, drenar liquidez de los mercados, lo que se traduce en menor raudal de crédito para hogares y empresas incrementando su coste, frenar la actividad económica y propiciar mayor desempleo.
No olvidemos, de otro lado, que una intervención del BCE no será gratuita ya que los demás países exigirán a estos un alto peaje a cambio de beneficiarse de dicha tutela, que no solo se limitaría al acortamiento del plazo temporal durante el que el BCE no podrá a adquirir bonos, sino a un ajuste generalizado del gasto público para poner en orden el déficit y su endeudamiento total, aun cuando las condiciones del Pacto de Estabilidad sigan suspendidas hasta 2023.
Foto: EFE.
